Alcaldía; el Ministerio de Obras Públicas; el ministro Deligne Ascención y la empresa Consorcio Rylco y Asociados. Afirman que el sometimiento en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), está sustentado en el artículo 148 de la Constitución de la República, que establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida.
Roberto Oscar Faxas explicó que al momento del hecho el lugar estaba en control de empleados del Estado.
Mientras que su colega, Rafael Manuel Nina, explicó que hay contratos entre el Ayuntamiento y Obras Públicas para que el ministro de Obras Públicas construya un parqueo en ese lugar de la zona, concesión que Obras Públicas pasa a la empresa Rylco y Asociados.
Nina reiteró que como abogados les corresponde demostrar el daño a las víctimas y la responsabilidad del Estado.
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